Manuel Flores empezó a trabajar para Rifaat Al Asad en 1987 en Marbella y el juez De la Mata cree que forma parte de la organización criminal que blanqueó el patrimonio del sirio
Flores está pidiendo ante un juzgado de Málaga resolver su contrato laboral
«Necesitaban un contable que fuera cuatro horas por la tarde. Yo pensaba que era una empresa normal y corriente»
Manuel Flores está nervioso. Este hombre ni muy alto ni muy bajo, ni gordo ni flaco, que cuenta cosas increíbles, tiene una depresión. Dice que en su trabajo le hacen la vida imposible y que sus jefes han dado orden de que los demás no le dirijan la palabra. Cree incluso que han colocado una cámara en su oficina. Si no, no se explica cómo es posible que le hayan sancionado por sobrepasar unos minutos su tiempo de descanso. A él, que lleva más de treinta años dándolo todo por ellos, puede que hasta ir a la cárcel…
Tiene miedo, pero no cree que hablar sea peligroso: «Antes quizá sí. Ahora no creo, menos aún con todo esto».
El pasado 21 de noviembre, el juez José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, dictó un auto, saludado al día siguiente con grandes titulares en prensa: «España procesa al tío del dictador sirio Al Asad por blanquear 695 millones». La resolución da cuenta de cómo el exvicepresidente sirio Rifaat Al Asad (tío del actual presidente, Bachar Al Asad) primero esquilmó a su pueblo y después montó una organización criminal para ocultar, transformar y blanquear el dinero que se trajo de Siria cuando fue expulsado por Hafez Al Asad, padre de Bachar.
El eficaz peón del rey
De la Mata apunta no sólo a Rifaat, sino a sus hijos, sus hijas, dos de sus esposas, su nuera, una persona de su confianza y «otras personas colaboradoras con los anteriores como administradores o apoderados»: Saloua Tlili y Manuel Flores. Ambos responden a un arquetipo: el eficaz peón del rey. Capaces de educar a los herederos del clan, de recabar confidencias, de firmar un contrato o de pagar al séquito del jefe.
Los dos están citados para el próximo 20 de enero ante el Juzgado de lo Social 3 de Málaga. Quieren que un juez extinga su relación laboral con lo que De la Mata cree que es una «organización criminal»: no todos los días se rompe un contrato de trabajo con la mafia.
30 años trabajando para Al Asad
Manuel Flores sabe la fecha exacta en la que empezó a trabajar para Rifaat Al Asad, al que sigue llamando «El Jefe»: el 8 de enero de 1988. En el despacho de Juan Pedro Rojano, el abogado que le representa tanto ante la Audiencia Nacional como en el juicio laboral, cuenta cómo empezó todo: «Necesitaban un contable que fuera cuatro horas por la tarde. Yo pensaba que era una empresa normal y corriente».
Pronto comprobó que sus jefes estaban comprando Marbella. Había dinero para todo. Cien apartamentos y un hotel en Benabola, en pleno Puerto Banús. El edificio Gray d’Albion, para que viviera la familia. Una finca de 3.300 hectáreas en Benahavís, donde pensaba levantar una urbanización de lujo. Flores cuenta que aquel terreno, que ocupa la cuarta parte del municipio, se pagó con una transferencia de 1.500 millones de pesetas, y luego otra de 500. La compra se realizó a través de sociedades gibraltareñas.
Eran días en los que Rifaat Al Asad y su séquito de esposas, hijos, guardaespaldas y criados no reparaban en gastos. «Le dio una planta del Gray d’Albion a cada hijo. Las cristaleras costaron cien millones de pesetas. Cuando terminó la obra fue a comprar alfombras y se gastó otros cien millones. Las tiraba al suelo para no pisar el mármol. Levantabas y veías la etiqueta del precio: cinco millones, dos millones…», recuerda Flores. En esos años tuvo que hacer de todo, desde transportar bolsas de dinero a comprar relojes: «Manolo, ve y cómprales un Rolex a cada uno de estos».
Administrador único
Nueve años después de empezar a trabajar para la familia, en 1997, Flores fue nombrado administrador único de Business Consulting Centre, la sociedad que, según el auto de De la Mata, representa ante la Hacienda española a casi todo el entramado de empresas panameñas y gibraltareñas de las que se sirvió Al Asad para canalizar su patrimonio. «Las cantidades que manejé en esos tiempos, ni lo sé», dice hoy.
En 2002, Flores dejó de ser administrador de la sociedad tapadera y se convirtió en lo que es ahora. Un trabajador con un contrato laboral suscrito con una empresa de Al Asad, integrada en una organización presuntamente criminal. Tiene un contrato de trabajo como jefe de administración de First Direct, S.L., una de las empresas del entramado con actividad comercial, según el auto de procesamiento.
Es posible que aquellos cinco años puedan suponerle ahora una condena de cárcel. 22 años después, el juez De la Mata cree que cabe procesarle por su papel en el entramado societario de los Al Asad. El auto es parco en la descripción de sus actividades presuntamente criminales. Recoge su nombramiento como administrador único de Business Consulting Centre, la firma de un contrato de arrendamiento y la ratificación de otros dos contratos verbales. Según el juez, aunque no tenía capacidad de decisión, «firmaba todo lo que le entregaban para estampar sus firmas, siendo sus verdaderas labores meros trabajadores de algunas de las sociedades y pudiendo por tanto considerarles simples testaferros de parte del entramado».
«Estoy kaput»
El 4 de abril de 2017, siete guardias civiles de la UCO entraron en la casa de Flores. «Buscaron los papeles en el sitio en el que estaban», recuerda. Meses después, el 22 de septiembre, prestó declaración en la Audiencia Nacional y desde entonces está pasando un infierno. Tiene las cuentas bloqueadas, no tiene tarjetas de crédito ni puede pedir un préstamo. «Estoy kaput».
Según asegura, la empresa le está «haciendo la vida imposible». El 26 de agosto de 2019, poco después de reincorporarse tras una baja por depresión, recibió una carta informándole de que se había ausentado en cuatro ocasiones «sin justificación alguna». Se detallaban hasta las horas, por lo que Juan Pedro Rojano, su abogado, está convencido de que existen cámaras que le están grabando ilegalmente.
Aunque sigue siendo el teórico jefe de personal de First Direct, no puede hablar con los empleados y está recluido en una «habitación diminuta» sin ordenador y sin trabajo. «Como quieren despedirle, no le dan trabajo, le han quitado una plaza de aparcamiento que tenía para humillarle y le han quitado un complemento salarial de 800 euros mensuales, a fin de conseguir que abandone voluntariamente el trabajo», se relata en la demanda que ha interpuesto para extinguir su contrato.
Allí se asegura que, aunque teóricamente cobra 2.627 euros de salario mensual, Flores percibía otros 800 euros al mes «en concepto de servicios prestados por actividad», por lo que pide una indemnización por despido improcedente de 157.000 euros, más 135.000 por los daños y perjuicios por la depresión que sufre.
El 20 de enero está citado en el juzgado de lo social 3 de Málaga, que también ha llamado a Mohammed Ali Al Asad, uno de los hijos de Rifaat Al Asad, y actual administrador único de First Direct. Flores le dirá al juez que, 30 años después, quiere dejar de trabajar para El Jefe.
