Caso Rafa Mir: ¿Cómo afecta la prisión provisional a la relación laboral de un futbolista profesional con su equipo?

En las últimas horas, un conocido futbolista del Valencia C.F., Rafa Mir, ha sido puesto en situación de libertad provisional con medidas cautelares, tras ser acusado de un presunto delito de “agresión sexual con acceso carnal”. Dicha situación se ha acordado después de celebrarse una vista para valorar la pertinencia o no de acordar la prisión provisional del futbolista. Su detención, por su figura pública y deportista ha generado diversas inquietudes sobre las implicaciones laborales que podría enfrentar un trabajador, en este caso, un deportista profesional, si en vez de libertad provisional se hubiera decretado prisión provisional.

Y es que el ámbito laboral y penal pueden llegar a confluir de manera significativa cuando una situación penal, como la prisión provisional, afecta la relación de trabajo.

Contexto Jurídico: Prisión Provisional

La prisión provisional en España es una medida cautelar excepcional que puede ser acordada por un juez cuando:

1. Existen indicios suficientes de que se ha cometido un delito, generalmente castigado con más de dos años de prisión.
2. Se persigue uno de estos objetivos:
   a. Evitar el riesgo de fuga del imputado.
   b. Prevenir la destrucción de pruebas o interferencias en la investigación.
   c. Evitar la reiteración delictiva, es decir, que el imputado cometa nuevos delitos.
3. La medida debe ser proporcional, y solo se acuerda si no hay otras medidas menos gravosas que garanticen esos fines, como fianza o comparecencias periódicas.
4. La prisión provisional tiene una duración limitada: hasta 1 o 2 años, según la gravedad del delito, y puede prorrogarse en ciertos casos.
5. Debe ser revisada periódicamente para asegurar que sigue siendo necesaria.

Efectos de la Prisión Provisional en la Relación Laboral

Suspensión del Contrato de Trabajo

El artículo 45.1 del Estatuto de los Trabajadores establece que el contrato de trabajo puede suspenderse en determinadas circunstancias, entre las que se incluye la prisión provisional del trabajador. Esta suspensión no implica la extinción del contrato, sino que su ejecución queda en pausa durante el tiempo que dure la medida cautelar.

La suspensión del contrato significa que el trabajador deja de prestar servicios y, a cambio, el empleador queda exonerado del pago del salario. En otras palabras, la relación laboral no se extingue, pero se interrumpe temporalmente. Esto es aplicable a cualquier trabajador, incluidos los futbolistas profesionales, quienes se rigen por el Real Decreto 1006/1985, que regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales.

Duración de la suspensión

En la práctica, la suspensión del contrato implica que se paralizan las obligaciones tanto del trabajador como del empleador. Durante este periodo:

• No se genera salario ni cotización a la Seguridad Social, ya que el trabajador no está prestando sus servicios.
• El vínculo contractual se mantiene vigente, pero las responsabilidades de ambas partes quedan en stand-by hasta que la situación penal del trabajador se resuelva de manera definitiva.
• El trabajador sigue manteniendo su derecho a reincorporarse al puesto de trabajo una vez que cese la causa de la suspensión, en este caso, la prisión provisional, siempre y cuando la resolución judicial no impida el retorno al empleo.

Sin embargo, el artículo 45.1.g) establece también una salvedad importante: en casos en los que la situación de prisión se prolongue o tenga consecuencias graves para la relación laboral, puede llegarse a la extinción del contrato si así lo dispone la legislación aplicable o si se da
un acuerdo entre las partes.

Despido Disciplinario

Aunque la suspensión del contrato es la regla general en casos de prisión provisional, hay que analizar también la posible extinción de la relación laboral. El despido disciplinario es una de las medidas más drásticas que puede adoptar una empresa y está reservado para incumplimientos graves y culpables del trabajador. Si bien la prisión provisional no implica culpabilidad, un club de fútbol podría alegar que los hechos delictivos imputados afectan gravemente a la reputación y los intereses de la entidad deportiva.

En este caso, el Valencia C.F. podría optar por rescindir el contrato bajo el argumento de que la imputación del futbolista, especialmente si implica un delito tan grave como la agresión sexual, puede dañar su imagen y reputación, a la par de afectar al cumplimiento de sus obligaciones profesionales. No obstante, esto tendría que hacerse siguiendo el procedimiento de despido disciplinario previsto en la normativa laboral, y el jugador podría impugnar esta decisión si considera que no hay causa suficiente para justificar el despido.

Cláusulas morales o de conducta

Es importante resaltar que muchos contratos de futbolistas profesionales incluyen cláusulas específicas sobre comportamiento y conducta moral. Dichas cláusulas permiten a los clubes rescindir el contrato si el jugador incurre en actos que puedan dañar la imagen del club o del propio jugador, independientemente de que exista una condena penal. Este tipo de cláusulas se basan en el deber de buena fe contractual y en el impacto que una conducta inadecuada puede tener en la reputación de la institución deportiva.

En un escenario donde se acordara la prisión provisional, un club podría activar estas cláusulas para extinguir el contrato, especialmente si el delito del que se acusa al jugador tiene una repercusión mediática y pública que dañe la imagen del club.

Jurisprudencia y casuística en el deporte profesional

La jurisprudencia laboral en España ha abordado varios casos donde la prisión provisional ha afectado a deportistas y empleados de diferentes sectores. En algunos casos, los tribunales han reconocido la procedencia de despidos disciplinario* basados en hechos delictivos graves, incluso cuando no había condena firme, si se considera que el hecho en sí afecta directamente a la relación de confianza entre el trabajador y el empleador.

Sin embargo, también se han dado situaciones donde la prisión provisional no ha justificado por sí misma la extinción del contrato, particularmente cuando no había pruebas contundentes o cuando el delito no estaba relacionado con la actividad profesional del trabajador.
Por citar un ejemplo, en la sentencia de 25 de septiembre de 2009, el TSJ de Extremadura se enfrentó a una situación en la que no existía una sentencia condenatoria firme en el momento de la extinción del contrato. En su resolución, el tribunal subrayó que los deportistas profesionales, al ser figuras públicas, tienen una mayor responsabilidad en su comportamiento personal y profesional. Cualquier conducta que pueda interpretarse como negativa puede dañar la reputación de las entidades para las que trabajan, en este caso, el club de fútbol.

El TSJ de Extremadura consideró que el impacto mediático y social de la detención y prisión provisional de del deportista de élite afectaba gravemente a la imagen del equipo. En este contexto, la reputación del club era un activo fundamental para su actividad, especialmente en
una industria como la deportiva, en la que la percepción pública y la relación con los patrocinadores son esenciales para el funcionamiento económico del equipo.

El tribunal, al analizar estos factores, concluyó que la extinción del contrato de trabajo estaba justificada debido al daño que su prisión provisional había causado a la imagen del club. Así, aunque no existía una condena firme, el hecho de que su conducta afectara negativamente la reputación del empleador fue suficiente para justificar la terminación de la relación laboral.

Este fallo sentó un precedente importante en el ámbito del derecho laboral español, al establecer que en profesiones donde la imagen pública es determinante, como es el caso de los deportistas profesionales, la conducta extralaboral del trabajador puede ser motivo de extinción del contrato si afecta gravemente la reputación del empleador.

Conclusión

Si en el caso de Rafa Mir se hubiera acordado prisión provisional, la suspensión del contrato sería la medida laboral inmediata y más común. Sin embargo, en un contexto de alta exposición pública, como el de los futbolistas profesionales, tanto las cláusulas contractuales de conducta como la reputación del club pueden tener un peso considerable. El Valencia C.F. podría haber optado por analizar las circunstancias y, dependiendo de la gravedad del caso y la repercusión pública, decidir si continúa la relación laboral o si se acoge a las facultades que le otorga la normativa y el contrato para rescindir la relación.

En todo caso, la situación jurídica y laboral de un futbolista en prisión provisional está sujeta a múltiples variables, entre ellas, la evolución del proceso penal, las disposiciones contractuales y el interés del club en proteger su imagen y estabilidad.

Este artículo es una interpretación general del marco jurídico aplicable en España. Para situaciones específicas, es recomendable un análisis pormenorizado del caso concreto y la consulta de profesionales del derecho laboral y deportivo..