Denegación en masa de licencias VTC tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio

A raíz de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, que introduce nuevos requisitos a la hora de conceder licencias VTC, ha surgido una polémica significativa relacionada con la denegación sistemática de las mismas.

Regulación del mercado

Concretamente, el mencionado Real Decreto-ley establece que se denegará la autorización si, “en el momento del otorgamiento, se supera el valor límite anual de NO 2 o PM 2,5 o el valor objetivo o valor objetivo a largo plazo del O 3 , regulados en la normativa de mejora de la calidad del aire, en alguna zona o aglomeración incluida en la comunidad autónoma en la que pretenda domiciliarse la autorización”. Aunque el objetivo de esta normativa es, aparentemente, regular el mercado y fomentar prácticas más sostenibles, la realidad es que la gran mayoría de solicitudes se están rechazando bajo el pretexto de que los VTC podrían tener un impacto negativo en los niveles de ozono. Recalcamos la palabra podrían puesto que, a día de hoy, no existe base científica alguna que relacione directamente la actividad de VTC con el aumento de los niveles de O 3 u otros contaminantes atmosféricos.

Motivos medioambientales

Si bien el transporte en general es una fuente relevante de emisiones de NOx y COV, compuestos cuya interacción da lugar al ozono troposférico, que es el que se encuentra en las capas bajas de la atmósfera y el que puede ser perjudicial para la salud, no hay pruebas concluyentes que apunten específicamente a los VTC como un sector que influya significativamente en los niveles de ozono, sobre todo en comparación con otros tipos de transporte, como los vehículos más antiguos que, a día de hoy, siguen circulando sin restricciones. De esta forma, las denegaciones en masa parecen responder a la creciente presión política y social sobre la regulación del sector, presión que han intentado solucionar con esta medida tan desproporcionada. No se han tenido en cuenta otras formas de mitigar la contaminación por O 3 que sean menos lesivas para los derechos de los ciudadanos, como la aplicación de límites de emisión a los vehículos que circulen por una conurbación en concreto o de limitaciones de los servicios de VTC durante determinadas franjas horarias.

De hecho, incluso el propio Real Decreto deja abierta la posibilidad a las Comunidades Autónomas para que, si lo consideran conveniente, establezcan otros
criterios de mejora de la calidad del aire a la hora de conceder las autorizaciones que se domicilien en su territorio. No obstante, evidentemente resulta más cómodo y económico denegar automáticamente todas las solicitudes en lugar de atajar el problema de raíz, con políticas realmente eficaces que puedan respetar a todos los agentes implicados. Como, por ejemplo, fomentar la transición hacia vehículos más sostenibles en el sector VTC, premiando a quienes apuesten por tecnologías limpias y ayudando a la renovación de las flotas.

Limitando las opciones de los consumidores

Como consecuencia de esta problemática, el sector del VTC está sufriendo cambios realmente significativos, se está erosionando la competitividad y se
está limitando la capacidad de los consumidores de elegir entre diversas formas de transporte. No solo eso, sino que se está vulnerando el derecho de todo ciudadano español al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio y el derecho a la libertad de empresa, reconocidos en nuestra Constitución en sus artículos 35 y 38 respectivamente.

En definitiva, la falta de un enfoque basado en la evidencia, y no en argumentos arbitrarios y desproporcionados, está abriendo la puerta a numerosos
recursos judiciales por parte de las empresas y particulares afectados. Ante esta problemática, en Rojano Vera Abogados y Asesores hemos apostado
por especializarnos en la materia, de modo que a día de hoy somos abogados expertos en licencias de VTC en Málaga. Si este es tu caso, no dudes en contactar con nosotros para recibir un asesoramiento personalizado y, de esta manera, poder luchar por conseguir una solución más acorde a los intereses de todas las partes involucradas.