Desde Rojano Vera Abogados hemos trabajado en la defensa de Álvaro Díaz quería regresar a España, pero se topó con un concurso que parecía diseñado para uno de los candidatos. Ahora, un juez ha condenado al Consistorio por una convocatoria “especialmente trazada para una persona concreta”. El Ayuntamiento de Marbella para una plaza pública creó una plaza pública dirigida para una persona en concreto.
Tal y como narra el periódico Eldiario.es, Alejandro García, del despacho Rojano Vera, ha representado a Díaz ante los juzgados por un puesto público realizado a medida.
A Álvaro Díaz, un joven español expatriado en Viena, se le abrió una oportunidad de una plaza pública, para la cual cumplía todos los requisitos. El Ayuntamiento de Marbella acababa de convocar un concurso-oposición para una plaza de coordinador de Cultura interino, y él tenía un magnífico currículum para ese puesto: brillante Licenciatura en el Centro de Estudios de Bellas Artes de la Universidad Complutense, especialización en la School of the Art Institute de Chicago y estancias o trabajos en instituciones culturales en Los Angeles o la capital austriaca. Nada mal para pelear por la plaza y, quizás, regresar a la Costa del Sol, después de años alejado de su familia.
Sin embargo, enseguida empezó a observar cosas extrañas: una convocatoria sin firmar que desapareció enseguida de la web municipal, una lista provisional de admitidos publicada antes de que se acabara el plazo para presentar candidaturas, una exclusión irregular… Aquel proceso era raro, y pronto le llegó un rumor: el Ayuntamiento de Marbella había confeccionado un “traje a medida” para asignar el puesto a un candidato preseleccionado, al que llevaba más de dos décadas haciendo contratos encadenados.
Una sentencia, dictada por el juzgado de lo contencioso-administrativo 6 de Málaga, acaba de concluir que el rumor era cierto. Declara que todo el proceso es nulo y que el Ayuntamiento marbellí debe indemnizar a Díaz como si lo hubiese tenido contratado todos estos años. El Ayuntamiento no sólo ignoró los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, sino que durante cuatro años ha entorpecido el derecho de Díaz a recurrir la decisión.
Díaz cree que el episodio arroja dudas sobre la gestión del propio museo: “Es muy grave que el protagonista de una condena judicial en juicio cerrado siga gestionando fondos públicos”. La persona designada, Germán Borrachero, niega trato de favor. “Facilidades no tuve ninguna, que yo sepa. No sé si me hicieron favores por detrás, pero no creo”.
